Al gobierno de los mejores se le atraganta el presupuesto, el PSC no apoyaría el mismo dado que CiU ha erradicado prácticamente el impuesto de sucesiones. Entonces llega el PP como salvador del tema en cuestión, pero con una exigencia bajo el brazo, “el contrato de integración”.
Dicho contrato es un ataque flagrante a la inmigración, una falta de respeto a los propios españoles por parte del PPC y de quien lo encabeza, la señora Camacho.
Meses atrás, por noviembre, lo comenté en mi blog http://associacionousciutadans.blogspot.com/2010/11/sra-camacho-la-desafio.html y no rectifico de este comentario ni una sola coma, es más, lo reafirmo.
Y es más que evidente que el gobierno de Artur Mas no cuenta con muchas opciones, por lo cual es probable que ceda al chantaje político del PPC, aún a sabiendas que es nada más ni nada menos que aceptar un decálogo de discriminación, por no decir decálogo de insensateces.
Una vez más los inmigrantes nos convertimos en moneda de cambio político, dentro de un gobierno que en materia de inmigración no tiene las cosas precisamente claras.
Los inmigrantes nos encontramos ante una más que posible aceptación de un decálogo de discriminación, ya que desde el mismo momento en el que se acuerde o apruebe el “contrato” existirán en Cataluña inmigrantes de segunda y tercera categoría.
Evidentemente que existirán de primera: Los comunitarios, a estos no se les exigirá nivel de castellano o catalán, ni ninguno de los 10 puntos del “contrato” del PPC, por lo cual las asociaciones que así lo veamos tendremos que acudir a SOS RACISMO, a la defensora del Pueblo y a más entidades para denunciar los hechos.
Catalunya podría entonces, gracias a CiU, tirar por tierra su imagen de integración y multiculturalidad, de tierra de acogida, de tolerancia, de pluralidad.
Mientras tanto, el grueso de inmigrantes que cumplimos y respetamos la constitución y las leyes, pasaremos a ser criminalizados de antemano por un gobierno que se supone democrático, por que quienes son hoy gobierno no tienen la capacidad de negociar.
Entonces el idioma pasará a ser una obligación prescrita por ley y no una necesidad para los inmigrantes que viven en Catalunya, por ejemplo.
Si CiU acepta esto estará aceptando un chantaje que dentro del mismo contiene exigencias que rozan la xenofobia.
Así de duro, así de claro, así de simple. Agrega además un certificado que deberían expedir los ayuntamientos un certificado que garantice que el inmigrante cumple las normas básicas de convivencia y de respeto cívico.
Pasaríamos a formar parte de la única comunidad del estado español que acepta como moneda de cambio político a las minorías que no pueden defenderse, que apenas tienen voz en los medios de comunicación, que pasan a ser además de ciudadanos de segunda, mano de obra sobrante, algo que ayer era necesario, pero hoy molesta al tiempo que aporta votos y alienta al rechazo y la xenofobia.
Es la Catalunya que espero no ver, es la Catalunya de la cual muchos catalanes, de concretarse estas medidas, no se sentirán ya orgullosos, por que habrán convertido a miles de personas en moneda cambio.
Resulta que para sacar adelante una comunidad autónoma la única exigencia del PPC es darle palos, literalmente, a los inmigrantes.
Nada de propuestas o planes de reactivación, ninguna exigencia relacionada a los jóvenes y el alcoholismo, menos aún de la prostitución.
Ni una sola mención a los recortes en salud, en educación, la obsesión y norte del PPC son los inmigrantes y el famoso contrato de inmigración, ni los desahucios por impago de hipotecas ni el cierre de empresas y fábricas, ni hablemos del desempleo.
Pero sí de aprovechar la ocasión para olvidar que un día, no hace tantos años, eran los catalanes quienes por motivos diferentes dejaban atrás su tierra y allá, lejos, otra tierra y otra gente que no les exigió nada, les abrió las puertas y les dio un presente y un futuro.
Pero el PPC es de memoria frágil según para qué cosas, mientras que CiU tiene ante sí la oportunidad de solucionar el tema de los presupuestos aceptando un decálogo de discriminación.
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