Los vecinos de Puigcerdà estamos pagando las consecuencias de una gestión nefasta de los últimos doce años. ¿Cómo hemos llegado a esta situación límite? La respuesta es sencilla: incompetencia, inactividad y falta de transparencia.
Piñeira y su equipo demostraron una y otra vez ser incapaces de gestionar de manera eficiente un servicio básico como la recogida de residuos. Licitaciones mal diseñadas, impugnaciones constantes y una total ausencia de planificación a largo plazo han sido la tónica general durante su mandato.
El Ayuntamiento de Puigcerdà ha anunciado un aumento del 70% en la tasa de recogida de basuras para el próximo año, lo que ha generado preocupación entre los vecinos. Esta subida se suma al incremento del 20% aplicado el año anterior, acumulando un alza del 90% en solo 18 meses. La medida, aprobada en el último pleno municipal, llevará a los residentes a pagar un mínimo de 210 euros anuales, frente a los 120-130 euros que venían abonando hasta ahora.
El gobierno local justifica este drástico aumento en la necesidad de cumplir con la nueva Ley de residuos, que obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste total del servicio en los contribuyentes a partir de 2025. Sin embargo, la situación actual es el resultado de años de inacción. Durante los 12 años de mandato del anterior alcalde, Albert Piñeira, no se realizaron ajustes en los impuestos ni mejoras significativas en el sector de recogida de basuras.
Para empeorar las cosas, pocos días antes de dejar el cargo, el anterior alcalde autorizó la compra de nuevos contenedores de carga lateral con bocas excesivamente pequeñas. Esta decisión, tomada conociendo sus limitaciones y la imposibilidad de adaptar el servicio de recogida a estas nuevas infraestructuras, demuestra una vez más su falta de previsión y su desprecio por los intereses de los ciudadanos.
Ahora, el actual gobierno se encuentra ante un dilema: o asumir el coste de sustituir unos contenedores prácticamente nuevos, o seguir soportando las consecuencias de una decisión tan desafortunada. En ambos casos, son los vecinos quienes pagarán las consecuencias de esta gestión nefasta.Esta situación evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las decisiones tomadas por el anterior alcalde en materia de gestión de residuos. No podemos permitir que se siga malgastando el dinero público de esta manera.
Además, los intentos de licitar el servicio a una nueva empresa fueron repetidamente impugnados, agravando la problemática. Paradójicamente, mientras los impuestos suben, la eficacia en la recogida selectiva ha disminuido. El porcentaje de reciclaje ha caído del 27% al 23%, lejos del objetivo del 53% anunciado a principios de año y muy por debajo de la media catalana del 46,6%.
El actual gobierno municipal, a pesar de ser criticado por no haber implementado medidas concretas en su año y medio de mandato, asegura estar trabajando en soluciones. Se han encargado tres consultorías y se prevé presentar nuevos pliegos de licitación en el primer trimestre del próximo año, con el objetivo de revertir la situación durante el 2025.
La noticia ha sido recibida con malestar por parte de los vecinos, que ven cómo este aumento impactará directamente en sus bolsillos. El caso de Puigcerdà pone de manifiesto los desafíos que enfrentan muchos municipios para adaptarse a las nuevas normativas de gestión de residuos, equilibrando la necesidad de financiar adecuadamente estos servicios con el impacto económico en los ciudadanos.
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